Que el Govern balear avise a cada persona cuando ceda sus datos y garantice revisión humana antes de las decisiones automatizadas
El Decreto 20/2026, de 10 de julio, establece el marco institucional completo para que la Administración autonómica balear gobierne, comparta y reutilice datos públicos, incluidos datos que pueden ser de carácter personal. Su alcance cubre a cualquier persona o empresa cuyos datos obren en poder del sector público autonómico, sin que haya cometido infracción alguna ni haya dado consentimiento expreso para usos secundarios de su información. El decreto habilita expresamente el tratamiento de datos mediante inteligencia artificial y análisis avanzado, y promueve la interoperabilidad entre sistemas administrativos. Datos recogidos con una finalidad concreta, por ejemplo una solicitud de ayuda social o un trámite tributario, pueden cruzarse con otros registros para usos distintos al original sin que el ciudadano sea informado de cada operación. El texto invoca el RGPD y la anonimización como salvaguardas, pero no fija en el propio decreto una revisión humana obligatoria antes de decisiones automatizadas que afecten a derechos, ni un límite al número de cruces o consultas. Los contrapesos que faltan al ciudadano son significativos: no existe un mecanismo de notificación individual cuando sus datos se comparten entre organismos o se ceden para su reutilización; la gobernanza se articula mediante órganos internos, sin representación ciudadana ni control externo más allá de la autoridad de protección de datos; y la habilitación para usar inteligencia artificial no se acompaña de una obligación explícita de auditoría de sesgos ni de impugnación individual de las decisiones automatizadas. El riesgo de fondo es que el decreto activa una capacidad de análisis masivo de datos ciudadanos que, una vez desplegada la infraestructura, puede operar con una supervisión ciudadana mínima. Esta petición no cuestiona la utilidad de una buena gobernanza de datos públicos: pide que su desarrollo incorpore, en el propio marco, las garantías que hoy quedan encomendadas a la diligencia interna de la Administración.