Legislación y resoluciones del Estado español
Pensiones públicas y tasas de telecomunicaciones 2026
Se publican dos tipos de normas: una sobre limitación de pensiones públicas que mantiene el techo de crecimiento inicial de pensiones contributivas, y otra puramente administrativa sobre procedimientos de pago electrónico de tasas radioeléctricas. La primera afecta directamente a millones de pensionistas; la segunda es un cambio técnico sin impacto en ciudadanos.
Cambios de personal en administración española
Se registran 1 cese y 16 nombramientos/convocatorias. Ceses: 1 en Ministerio para la Transformación Digital (Directora General del Dato). Nombramientos: 1 Directora General del Dato en Ministerio para la Transformación Digital, 1 funcionario en administración local, múltiples promociones internas en Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (14 páginas), 7 nombramientos de profesores universitarios en universidades públicas, 1 corrección de errores en Universidad Politécnica de Cataluña. Convocatorias: 1 proceso selectivo en Senado (Electricista), 2 concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, 1 concurso específico en Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Destinos: múltiples jueces y juezas por concurso del Consejo General del Poder Judicial.
Nombramientos y convocatorias de personal en administración española
Se registran 5 nombramientos directos (2 en Ministerio de Defensa para Técnicos Sanitarios, 3 en Universidad Complutense de Madrid para docentes universitarios) y 44 convocatorias de plazas distribuidas en: Administración Local (31 convocatorias en ayuntamientos y diputaciones), Universidades (4 convocatorias), Ministerio de Asuntos Exteriores (1 convocatoria y 1 resolución de concurso), y Comunidad Autónoma de Galicia (1 resolución de concurso). Total: 5 ceses/nombramientos efectivos y 44 procesos de selección abiertos.
Correcciones de errores en normas de vino y ayudas a baterías
Se trata de dos correcciones de errores administrativos publicadas en el BOE: una sobre especificaciones técnicas de vinos de Denominación de Origen Binissalem (Baleares) y otra sobre plazos de presentación de solicitudes para ayudas a proyectos de baterías y pilas de combustible de hidrógeno. Ambas son rectificaciones menores de errores materiales en textos ya publicados, sin impacto sustantivo en derechos ciudadanos ni cargas nuevas significativas.
Nombramientos y convocatorias de personal en administración
Se registran 1 nombramiento directo (profesora universitaria), 1 integración de funcionarios en cuerpo de profesores de secundaria, y 33 convocatorias para proveer plazas. Los organismos afectados incluyen: Ministerio de Educación (1), Universidades (6 disposiciones: Universidad de Zaragoza, Universidad de Cádiz, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Alcalá, Universidad de Huelva), Administración Local (27 disposiciones: múltiples ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales de toda España). No se registran ceses explícitos, solo convocatorias de plazas vacantes.
Crisis energética y medidas de respuesta legislativa
Lote heterogéneo de 23 disposiciones publicadas entre el 20 y 23 de marzo de 2026, dominado por medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio (guerra de Irán) que afecta a precios energéticos y mercados. Incluye convocatorias de ayudas para transporte sostenible, turismo, hidrógeno y ganadería, así como modificaciones administrativas menores. El impacto principal recae en ciudadanos a través de volatilidad energética y presión inflacionista, mientras que empresas seleccionadas acceden a subvenciones directas.
Nombramientos y convocatorias de personal en administración
Se registran 102 disposiciones entre el 20 y 23 de marzo de 2026. Predominan nombramientos de personal funcionario (aproximadamente 77 disposiciones) en universidades públicas (profesores titulares y catedráticos), administración estatal (cuerpos técnicos y administrativos), administración local (ayuntamientos y diputaciones) y sector sanitario. Se incluyen 25 convocatorias de plazas en administración local y universidades. Organismos principales: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Universidades españolas (Sevilla, UNED, Castilla-La Mancha, Jaén, La Laguna, Vigo, Zaragoza, Alicante, Cantabria, Granada, Alcalá, Málaga, Carlos III, Rovira i Virgili, A Coruña, Salamanca, Illes Balears), Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, y múltiples ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Liberación de reservas petrolíferas y ayudas a vehículo eléctrico
Se publican cuatro disposiciones: una liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos coordinada internacionalmente, una convocatoria de ayudas para producción de baterías y pilas de hidrógeno en vehículos eléctricos, y dos convalidaciones de un decreto-ley sobre daños por fenómenos meteorológicos. Las medidas afectan principalmente a empresas del sector energético y automovilístico, así como a ciudadanos afectados por desastres naturales en Andalucía y Extremadura.
Nombramientos y convocatorias de personal en Administración
Se registran 7 nombramientos de personal (6 en universidades, 1 en Defensa) y 15 convocatorias de procesos selectivos y concursos en diversos ministerios y administraciones locales. Nombramientos: 1 en Ministerio de Defensa (personal estatutario sanitario), 6 en universidades (profesores titulares y catedráticos). Convocatorias: Ministerio de Industria y Turismo (1), Ministerio para la Transición Ecológica (3), Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (2), Ministerio del Interior (1), Ministerio de Sanidad (2), Administración Local (2), Universidades (2), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (1).
Sentencias constitucionales y normas administrativas (marzo 2026)
Se publican dos sentencias del Tribunal Constitucional que anulan leyes autonómicas sobre energías renovables (Aragón) y clasificación laboral en protección civil (Navarra), una corrección de erratas sanitaria menor, y una norma sobre trámites electrónicos en pesca. Las sentencias representan un recorte de competencias autonómicas en favor del Estado central, limitando la capacidad de las comunidades para regular energías limpias y condiciones laborales en servicios de emergencia.