BOE: Alertas legislativas (31/07/2026 a 03/08/2026)
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Política de seguridad y subvenciones
La actualización de la política de seguridad del Ministerio de Trabajo implica un tratamiento más riguroso y clasificado de los datos personales de los ciudadanos (expedientes, pensiones, desempleo), elevando los estándares de protección pero también permitiendo un mayor control y trazabilidad de accesos. Las ayudas para el 5G rural buscan reducir la brecha digital, aunque condicionan la ayuda a la obligación de acceso mayorista, lo que puede afectar a la competencia en el sector. Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre vivienda y amnistía tienen un impacto estructural al validar normas que afectan a derechos fundamentales y la distribución competencial, aunque no introducen cambios regulatorios nuevos en este momento.
Resumen general
Este paquete normativo actualiza la política de seguridad digital del Ministerio de Trabajo y aprueba ayudas para el despliegue de 5G en zonas rurales y la investigación en salud. Se incluyen resoluciones administrativas de organización interna y sentencias del Tribunal Constitucional sobre vivienda y amnistía. El impacto ciudadano se centra en la protección de datos personales y la brecha digital.
Efectos prácticos
- El Ministerio de Trabajo reforzará la vigilancia continua de sus sistemas para detectar accesos no autorizados a datos de ciudadanos, como expedientes laborales o de Seguridad Social.
- Las empresas operadoras podrán recibir ayudas públicas para instalar antenas 5G en zonas muy rurales donde actualmente no hay cobertura móvil, obligándose a ofrecer acceso mayorista a otros operadores.
- Los centros de investigación biomédica podrán solicitar subvenciones para mantener infraestructuras de medicina de precisión que gestionan datos genéticos y clínicos de pacientes.
- Las PYMES con préstamos de I+D del Estado podrán solicitar aplazamientos de pago sin garantías adicionales si acreditan dificultades financieras transitorias.
- Los pilotos de aviones agrícolas Air Tractor AT-802 quedan exentos de instalar ciertos sistemas de seguridad obligatorios hasta 2029, manteniéndose las condiciones de vuelo visual.
- La nueva política de seguridad del Ministerio de Trabajo clasifica la información por niveles de riesgo, lo que determinará las medidas de protección aplicables a los datos de los ciudadanos.
- Las sentencias del Tribunal Constitucional confirman la validez de los planes estatales de vivienda y de la ley de amnistía, lo que mantiene el marco jurídico actual en estas materias.
Disposiciones detectadas
Orden TES/804/2026, de 23 de julio, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social y se crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del departamento.
Esta orden aprueba la nueva política de seguridad de la información del Ministerio de Trabajo, adaptándola al Esquema Nacional de Seguridad y a la Directiva NIS2. Establece principios como el mínimo privilegio y la clasificación de la información, y crea un comité de seguridad con composición ampliada para supervisar el cumplimiento.
Sustituye a la Orden TES/369/2023, incorporando la vigilancia continua de sistemas, la gestión dinámica del riesgo y la protección del soporte no electrónico, lo que implica un control más exhaustivo y menos estático de los datos e información tratados.
Orden TDF/812/2026, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la provisión del conjunto de equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria para dotar de servicios de comunicaciones móviles con tecnología 5G a zonas donde no hay señal de presencia de redes móviles 4G/5G de ningún operador y primera convocatoria (5G Redes muy rurales).
Establece las bases y la primera convocatoria de ayudas, financiadas con fondos FEDER, para desplegar infraestructuras 5G en zonas muy rurales sin cobertura móvil actual. Se define un procedimiento de concurrencia competitiva por ámbitos territoriales y se impone la obligación de acceso mayorista a las redes desplegadas.
Crea un nuevo programa de ayudas específico para zonas de 'alta ruralidad' sin cobertura, complementando las inversiones del Plan de Recuperación, e introduce mecanismos de supervisión y reembolso para proyectos superiores a 10 millones de euros.
Orden TDF/811/2026, de 22 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la creación de infraestructuras para la investigación, el ensayo y la experimentación en tecnologías de uso dual.
Regula las bases para la concesión de subvenciones destinadas a crear infraestructuras de investigación y ensayo para tecnologías de uso dual (civil y militar), financiadas con fondos FEDER. Define qué se entiende por infraestructura de investigación y de ensayo, y establece los criterios de elegibilidad.
Norma de nueva creación que no estaba prevista inicialmente en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027, justificada por la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2026 y la hoja de ruta europea de tecnologías críticas.
Orden PJC/808/2026, de 30 de julio, por la que se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+I, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los programas estatales de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad y para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia.
Actualiza el procedimiento para que las PYMES de alta intensidad inversora en I+D+I puedan aplazar o fraccionar el pago de cuotas de préstamos estatales sin aportar garantías. Se amplía el ámbito de aplicación a nuevas convocatorias de los planes estatales 2013-2020 y 2021-2023.
Deroga la Orden PCM/519/2020, ampliando el mecanismo de flexibilidad financiera a un mayor número de convocatorias y adaptándolo a la nueva estructura orgánica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2026, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria para el año 2026 de concesión de subvenciones para el mantenimiento de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) de la Acción Estratégica en Salud (Líneas Estratégicas de Investigación en Salud 2024-2027).
Publica el extracto de la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de la infraestructura de medicina de precisión (IMPaCT) en 2026, con una dotación de 50 millones de euros. El plazo de solicitud va del 8 al 29 de septiembre de 2026.
Es una convocatoria anual nueva derivada de las bases reguladoras aprobadas en 2024 para el periodo 2024-2027, manteniendo la línea de financiación de infraestructuras de investigación en salud.
Resolución 307/38331/2026, de 25 de junio, del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se constituye la Mesa de Contratación Permanente.
Constituye la Mesa de Contratación Permanente de la Subdirección General de Contratación de TIC del Ministerio de Defensa, definiendo su composición (presidente, vocales, secretario) y normas de funcionamiento, incluyendo la posibilidad de reuniones electrónicas.
Norma de organización interna que formaliza la creación de este órgano colegiado, adaptando su funcionamiento a la normativa de contratación del sector público y a la estructura orgánica del Ministerio de Defensa.
Resolución de 23 de julio de 2026, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se prorroga la exención concedida mediante la Resolución de 27 de julio de 2023.
Prorroga hasta el 9 de agosto de 2029 la exención de ciertos requisitos técnicos de seguridad (TAWS, ACAS, FDR) para los aviones Air Tractor AT-802 y AT-802A utilizados en operaciones agrícolas y de lucha contra incendios, permitiendo operar bajo normas menos estrictas.
Amplía la validez de la exención anterior por tres años más, manteniendo las condiciones justificadas por la falta de sustitutos en el mercado y las dificultades técnicas para instalar el equipamiento obligatorio.
Pleno. Auto 45/2026, de 7 de julio de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1549-2026. Mantiene parcialmente la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 1549-2026, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Voto particular.
El Tribunal Constitucional acuerda mantener la suspensión de varios artículos de la Ley valenciana 5/2025 que modificaban la ley de identidad de género, tras ser recurridos por el Gobierno, mientras se resuelve el fondo del asunto.
Mantiene el status quo de suspensión de la normativa autonómica impugnada, evitando su entrada en vigor hasta que se dicte sentencia, lo que paraliza temporalmente las modificaciones legislativas aprobadas por las Cortes Valencianas.
Pleno. Sentencia 55/2026, de 8 de julio de 2026. Cuestión de inconstitucionalidad 9849-2024. Planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Mérida (Badajoz) en relación con el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. Prohibición de discriminación por razón de sexo y de nacimiento: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad.
El Tribunal Constitucional inadmite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado extremeño sobre un decreto-ley que excluía el complemento de guardias durante la maternidad, por no haberse formulado correctamente el juicio de aplicabilidad.
No resuelve el fondo de la discriminación alegada, sino que devuelve el caso al orden jurisdiccional ordinario al apreciar un defecto procesal en el planteamiento de la cuestión, dejando sin respuesta temporal la duda de constitucionalidad.
Pleno. Sentencia 53/2026, de 8 de julio de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1278-2024. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda: pérdida parcial de objeto del proceso en cuanto afecta a preceptos legales ya enjuiciados en las SSTC 79/2024, de 21 de mayo; 26/2025, de 29 de enero; 190/2025, de 16 de diciembre; 17/2026, de 24 de febrero, y 41/2026, de 26 de mayo; constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la actividad planificadora del Estado en materia de subvenciones de vivienda. Voto particular.
El Tribunal desestima el recurso de la Generalitat contra la Ley de Vivienda, declarando constitucionales los preceptos relativos a la planificación estatal de subvenciones, y declara la pérdida de objeto en otros artículos ya resueltos en sentencias anteriores.
Confirma la constitucionalidad de la capacidad del Estado para planificar y subvencionar políticas de vivienda, desestimando las alegaciones de invasión de competencias autonómicas de la Generalitat.
Pleno. Sentencia 54/2026, de 8 de julio de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 6552-2024. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Principios de igualdad, seguridad jurídica, jerarquía normativa y separación de poderes, solidaridad e igualdad territorial y autonomía financiera; derecho a la tutela judicial efectiva y reserva de jurisdicción: pérdida parcial de objeto del proceso (STC 137/2025); constitucionalidad de la medida. Votos particulares.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad de Castilla-La Mancha contra la Ley de Amnistía, declarando que la medida es constitucional y que no vulnera los principios de igualdad, seguridad jurídica o jerarquía normativa.
Mantiene la vigencia íntegra de la Ley de Amnistía al rechazar los argumentos sobre su supuesta inconstitucionalidad, confirmando la validez de las medidas de gracia aprobadas por las Cortes Generales.
Base del análisis
Real Decreto 311/2022 del Esquema Nacional de Seguridad; Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos; Ley 39/2015 de procedimiento administrativo; Reglamento (UE) 651/2014 de ayudas estatales; Ley 12/2023 de vivienda; Ley Orgánica 1/2024 de amnistía.
Procesada en
lunes, 3 de agosto de 2026, 14:10